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11 de junio de 2017
Un caso que no es de locos: La Colonia de Salud Mental en Diamante
Cercana a esa ciudad de la otra costa entrerriana funciona una Colonia de Salud Mental, con ese nombre. Suponemos que lo hace en el mismo lugar donde funcionó durante muchos años un leprosario. Aunque para lo que sigue, no es de interés averiguarlo, si bien esa suposición es válida si se tiene en cuenta que la eficacia de la lucha contra el flagelo de la lepra, se ha visto trágicamente compensado con el del número de enfermos mentales.

Tampoco sabemos que realmente importe el saber que esa Colonia está dentro de la órbita del ministerio de Salud, ya que pertenece al ámbito de la medicina pública de Entre Ríos, aunque para dimensionar su importancia es bueno enterarse que cuenta con ciento cincuenta y dos camas para internación, al mismo tiempo que entre los servicios que presta están los de psiquiatría y psicopatología, mediante la atención ambulatoria y la referida posibilidad de internación.

Quedaría tan solo por agregar que la planta de personal cabe considerarla acorde con la dimensión de la infraestructura de la Colonia y con la complejidad de los servicios descriptos, ya que araña los doscientos sesenta cargos; a lo que es de interés agregar que los mismos se encuentran afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación.

Se trata, la anterior de una larga explicación, la que sin embargo resulta indispensable para dejar establecido el contexto de la situación descripta en la siguiente información, fechada el 5 de junio: "la Directora de la Colonia fue víctima este lunes de una violenta agresión, cuando un grupo de dirigentes –habría que decir sin eufemismos una "patota sindical" de la agrupación gremial liderada por el diputado provincial José Allende -UPCN- al que pertenece el Ministro de Salud, Ariel De La Rosa, que se hizo presente en su despacho, increpó, insultó y empujó a la profesional para que dejara sin efecto una disposición tomada por todo el equipo hospitalario sobre una readecuación del personal, que molestó a una enfermera que es dirigente del gremio de Allende".

En realidad, según la información que recogemos, a nadie debe extrañar lo sucedido, por cuanto idéntica situación se vivió cuando dirigentes de UPCN tomaron la Dirección del Hospital Santa Rosa de Villaguay, para "hacer cumplir una orden del ministro De La Rosa".

Se debe admitir que con este último comentario, se viene a salpimentar lo que es estrictamente informativo. Como también sucede con la acotación acerca de que había entre los apretadores "un dirigente vinculado a UPCN que tiene antecedentes penales y que hizo nombrar a un familiar que estuvo preso, desplazando a gente que trabajaba hacía tiempo en La Colonia ", ya que de lo que se trata en el caso no es de lanzar prontuarios ni de hacer referencia a los endémicos casos de "acomodo".

También, en procura de volver lo más objetiva la descripción de lo sucedido, habría que señalar que no resultaría del todo exacta la afirmación que la prescindibilidad de la enfermera y delegada gremial indicada fuera consecuencia de una mera distribución de personal. Ya que según información complementaria el "enojo" de los gremialistas de UPCN se originó ante la decisión de dejar sin efecto el contrato como suplente extraordinaria de la enfermera Yanina Migueles, "cuyo desempeño no era satisfactorio".

Es que Migueles tendría dos expedientes en trámite ante el Ministerio de Salud, uno, por suministrar incorrectamente medicación a un paciente, y el otro por mal desempeño, lo que constaría en su legajo, a partir de observaciones que realizó la anterior directora del nosocomio. Mientras que el hecho que precipitó el entuerto sería que "la semana pasada, la enfermera gremialista se negó a acatar una decisión del Equipo Interdisciplinario del Hospital, amparándose en sus supuestos fueros gremiales". 

Nos encontramos de esa manera ante una relación plausible de lo ocurrido, aunque puedan quedar cabos sueltos, o que se hagan presente desconocidas por nosotros "cuestiones de piel", que se vuelven cada vez más irritativas a medida que se acumulan y terminan por explotar.

Pero lo que en realidad nos interesa, es efectuar una serie de puntualizaciones. La primera de las cuales tiene que ver con que en la administración provincial sean frecuentes "aprietes" sindicales, a muchos de los cuales, para volver más alarmantes las cosas, se los "deja pasar" con la remanida excusa de no poner en riesgo una "paz social" ya rota. Este no es nuestro caso, ya que en la ocasión la funcionaria maltratada radicó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Diamante, la que ha abierto una causa con el objeto de establecer lo ocurrido y de efectuar las imputaciones pertinentes en el caso de corresponder. Pero que se hace presente en otras "ocupaciones" conocidas, parciales o totales, de sedes de organismos de la administración provincial en los que debería verse una extralimitación de graves alcances del ejercicio del derecho de huelga.

A lo que en esta situación concreta deba agregarse que "saltan" en la información el nombre del diputado provincial Allende y del Ministro de Salud Pública De la Rosa, a quienes en el pasado y tal como ocurre en la oportunidad, se los ha visto en otras noticias vinculadas con situaciones que, cuando menos, se deberían calificar de problemáticas, sino actuando precisamente como socios, al menos "acollarados".

Es que en su oportunidad tuvimos ocasión de hacernos eco de una supuesta reunión en la que los senadores provinciales del oficialismo "pedían la cabeza del ministro", a la vez de un conflicto en el ámbito de su gestión con las droguerías instaladas en la provincia que quedó acallado, sin saber cómo terminó. A la vez es un hecho de pública notoriedad que Allende se encuentra en la actualidad a punto de ser llevado a juicio por enriquecimiento ilícito, y el hecho de que medios de prensa paranaenses se hayan hecho eco de la versión de negociaciones entre la defensa de Allende y la fiscalía que lleva adelante su causa, las que girarían en torno a la posibilidad que el diputado sea sometido a un juicio penal abreviado cuya sentencia condenatoria excluyera su encarcelación a la vez que la persecución penal de familiares suyos directos que eventualmente cabrían ser imputados.

¿Cuál es la importancia de lo hasta aquí referido? Que situaciones como las indicadas pueden terminar dañando al gobernador Bordet, al que la opinión pública lo ve como una personalidad honesta, amiga del diálogo, con buenas intenciones y mejor predisposición, y con la determinación de remontar una ´peliaguda cuesta en la que estamos embretados.

Debe a su vez señalarse que nuestro gobernador no es el único que ocupa un cargo ejecutivo que se encuentre en esa situación. De allí que quepa extender a todos ellos una recomendación honesta y a la vez sana, cual es la que en esta etapa de la vida nacional el gobierno en sus diversos estratos debe desprenderse de todos aquellos que "huelan mal". Y no es necesario decir más, ya que nadie ignora lo que dentro del contexto gubernamental significa el mal olor.

Post scriptum: eso es lo que escribimos ayer. De allí que no podamos menos que considerar una magnifica señal la noticia que tenemos un nuevo ministro de salud. Y que la designada sea una mujer.

Autor: M.S.J.



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