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21 de marzo de 2016
La responsabilidad del Estado, el debate que viene
El debate se instaló, indefectiblemente, con la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. A partir de ese marco jurídico es que se avanzó con la Ley Nº 26.944 de responsabilidad del Estado. La norma fue sancionada en el Congreso con el aval del Frente para la Victoria y el rechazo por la oposición en 2014.

En Entre Ríos, la ley nacional fue una inspiración. El año pasado se comenzó a trabajar en una ley provincial. La idea es unificar un proyecto y remitirlo al Poder Ejecutivo. Luego lo tratará la Legislatura. El ámbito de elaboración es la Secretaría de Justicia, donde se constituyó una comisión redactora. 
El 12 de febrero pasado la diputada provincial Rosario Romero y el vicegobernador, Adán Bahl, se reunieron para abordar el tema. En Fiscalía de Estado, Julio Rodríguez Signes, viene estudiando el tema hace ya un tiempo con su equipo de asesores. El texto sería fruto también de opiniones que brindaron entidades vinculadas a la comunidad judicial. “Está muy avanzado, nos quedan dos o tres puntos, para luego remitirlo al Poder Ejecutivo”, contó a EL DIARIO, Cristina Federik, de Fiscalía de Estado. El texto se presentaría en una próxima jornada de la Escuela de Administración Pública, que el organismo de Rodríguez Signes desarrolla con el Tribunal de Cuentas. Hasta ahora sólo Santa Cruz y Santiago del Estero adhirieron a la ley nacional 26.944. 
El nuevo Código, operativo desde el 1º de agosto del año pasado, no es aplicable a la responsabilidad estatal, ni del Estado en sí, ni a la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 
Estas situaciones deben ser reguladas por las provincias. Cuando se hace referencia a la responsabilidad del Estado sobre un caso concreto son, generalmente, los resultados y las consecuencias del accionar o de la omisión del Estado como persona jurídica representado a través de funcionarios. Por lo tanto, esta responsabilidad se la debe tratar de manera especial, porque el Estado tiene determinadas características. Esta idea es el concepto con el que se está debatiendo y dando forma a una ley en la provincia. 
Hay dos posibilidades. La primera es adherir a la ley nacional, pero hay una segunda, que sumó adherentes, que es hacerle modificaciones. La 26.944 incluye los accidentes de transito provocados por vehículos del Estado y la mala praxis medica. Rodríguez Signes entiende que esos casos tienen que seguir siendo responsabilidad civil. 
PREMONICIÓN. En Entre Ríos hace ya varios años sucedió un hecho que parecía insólito pero hoy podría ser calificado como premonitorio. Se trata de una historia que tiene como actor principal a un juez (ahora ya jubilado), Eduardo García Jurado. El ex magistrado quedó involucrado en un caso de mala praxis judicial. Así se etiquetó el suceso que tuvo al entonces Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gualeguaychú en el ojo de la tormenta. 
El entonces magistrado había dictado una prisión preventiva a imputados que luego fueron absueltos. Tras quedar en libertad demandaron al Estado en una suma millonaria que superaba los 5 millones de pesos por daño material, moral y psicológico. Quienes habían estado en prisión hicieron la demanda al entender que el Estado es el responsable ante el mal desempeño de “un servicio público” como es la Justicia. 
La Fiscalía de Estado, en un hecho excepcional, citó a juicio a los magistrados actuantes (además de García Jurado) para que se defiendan de las imputaciones por mala praxis judicial. El argumento fue el artículo 23 de la Constitución provincial cuando dice que “los funcionarios y empleados son individualmente responsable de los daños causados a terceros o al Estado”. 
Los magistrados interpusieron un recurso de inaplicabilidad ante el Superior Tribunal de Justicia, que terminó dando lugar a la citación como terceros con el voto de Leonor Pañeda y Emilio Castrillón. Juan Smaldone se manifestó en disidencia. El caso quedó abierto.



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